Violencia inmobiliaria
Los casos de amenazas, coacciones, agresiones y sabotajes contra inquilinxs de viviendas, pequeños locales comerciales y okupaciones fueron bautizados por los medios de comunicación con un término de origen inglés: mobbing. Este abuso de poder lo sufría principalmente gente mayor con escaso o ningún apoyo familiar y sin recursos personales o económicos para defenderse legal, física o psicológicamente.
La velocidad de la economía especulativa y de la expansión urbanística ha convertido el mobbing en un método habitual y generalizado en el mercado inmobiliario y una de sus caras más violentas. Las formas varían según la situación legal de la kasa, las necesidades, la posición y las expectativas del propietario, la gente que habita y su capacidad de defenderse, y dependen mucho del grado de expansión y especulación urbanística de la zona donde esté el inmueble y de los procesos de elitización y turistificación.
Los barrios donde el mobbing se ha convertido en algo cotidiano son aquéllos que soportan un proceso de transformación de sus calles y de su tejido económico y comercial, de sustitución de su población por otra con mayor poder adquisitivo, obligando a la población anterior a desplazarse a otros barrios (gentrificación). Los recursos pueden ser cínicos o sofisticados, apoyados en la “legalidad" o pueden superar con creces la ilegalidad, pero en cualquiera de los casos el propietario suele salir impune con demasiada frecuencia.
La escalada especulativa
Tras el estancamiento del mercado de nueva construcción, el mercado especulativo inmobiliario ha buscado y encontrado nuevos cauces para seguir ampliando sus beneficios. En Barcelona, desde 2016, hemos visto crecer el interés de inversores y promotores inmobiliarios en adquirir de forma masiva edificios degradados y con inquilinxs, para su rehabilitación y reconversión en pisos de lujo o apartamentos turísticos. Se han multiplicado las compra-ventas, revalorizado propiedades y disparado los precios del alquiler, imposibilitando, a quien cuenta con un salario local, acceder a una vivienda. La especulación y el beneficio de unos pocos lleva así a la expulsión de la población.
Responsables de esta violencia son los gigantes de inversión Blackstone o Divarian y las llamadas socimi Optimum RE Spain o MK Premium, por citar algunos. También las dos patronales inmobiliarias más importantes del país: Asval y Fiabci, controladas por fondos de inversiones y dirigidas por Joan Clos (ex alcalde de Barcelona) defensor de los intereses privados que actúa como enlace entre el poder político y los grandes propietarios. A todos ellos los encontramos detrás de la fiebre mediática antiokupas y de la estafa inmobiliaria en general.
Las políticas de la administración juegan un papel preponderante. Mediante pactos con la industria inmobiliario-financiera, y con la aprovación de leyes (como la regulación de SOCIMI o la ley de arrendamientos urbanos) están convirtiendo la ciudad en una reserva para las clases acomodadas barcelonesas y europeas. Promoviendo un modelo social mafioso, autoritario y sometido a las determinaciones del capitalismo transnacional.
Matones y desalojos ilegales
Los casos de violencia inmobiliaria que están sufriendo las okupaciones son fruto de la aceleración de la economía especulativa que afecta a la ciudad en general, pero también es reflejo de dos cosas: la consolidación del "okupa" como el "intruso" por excelencia en el imaginario colectivo, fenómeno acrecentado por las últimas campañas antiokupación hechas por empresas de alarmas y seguridad privada; y el trabajo más o menos organizado de defensa legal y resistencia que suelen hacer las kasas y CSOs. La experiencia acumulada ha conseguido que los espacios okupados definan mejores estrategias de defensa para durar más tiempo, y para los propietarios es más que una tentación intentar "sacar a los okupas sea como sea". De esta manera se han multiplicado las formas de violencia: de la habitual represión policial o propietarios individuales con un carácter agresivo, al recurso de los matones que se ha convertido en un método habitual tanto para pequeños inversores como para grandes tenedores de viviendas o fondos de inversión.
Desde 2016 está proliferando la aparición de organizaciones y “empresas” especializadas en desalojar espacios okupados al margen de la ley, con la complicidad de los cuerpos de (in)seguridad, mossos d'esquadra, guardia urbana y policía local. La vía del matonismo generalmente viene precedida de ofertas económicas a lxs habitantes de la vivienda para que la abandonen, le siguen amenazas, intentos de entrada ilegales con herramientas, controles de acceso en la puerta de la vivienda, etc.
Desokupa fue de los primeros grupos de matones específicamente dedicados a los desalojos ilegales y es a día de hoy uno de los más activos. Funciona como una “empresa”, ofreciendo sus servicios en internet, anunciándose en diarios y con seguidores en las redes sociales. Utiliza el escarnio público a través de programas del massmedia o de plataformas de vídeo en internet para acosar de forma pública. Hacen exaltación de la violencia como arma política y cuentan con un amplio historial de prácticas denunciables. En el blog de la campaña stopdesokupa se encuentran casos documentados de intentos de desalojo por parte de esta organización, información y fotografías de algunos de sus miembros y de los propietarios que la contratan, algunos consejos que podéis seguir en caso que recibáis su visita y una recopilación de publicaciones sobre este tema.
Desokupa y este tipo de “empresas” están siendo continuamente publicitadas principalmente por medios de (des)información, de lo que puede deducirse que deben tener buenos padrinos. Ha actuado, desde su nacimiento, para defender los intereses y las propiedades de las élites locales y extranjeras, así que no parece descabellado pensar que los fondos buitres que están fomentando los problemas de la vivienda usen a estos neonazis para que les hagan el trabajo sucio.
Otras “empresas” que se lucran desalojando espacios okupados en Barcelona son Gestokupa y FueraOkupas. En algunas ocasiones, incluso, los propietarios recurren a gente que está desprotegida o en una situación económica precaria, para hacer el trabajo sucio de asediar y desalojar ilegalmente, y una vez desalojada la vivienda, les permiten a esas personas vivir de forma temporal en la kasa para evitar una re-okupación.
El acoso físico y arquitectónico
- El abandono, la realización de sabotajes y obras de empeoramiento. Agujerear falsos techos, desestabilizar barandillas, dejar puntales y escombros en los espacios comunes, cambiar la cerradura, colocar contenedores obstaculizando la salida, la rotura de las tuberías o el corte de los suministros de luz y agua, son algunas de las formas de coacción utilizadas. Este método también se ha utilizado en algunos casos tras el desalojo de una casa okupada, donde la propiedad ha procedido a destrozar por dentro todo el espacio para convertirlo en totalmente inhabitable.
- La instalación de vecinos molestos. Las entidades vecinales han detectado casos de alquiler deliberado a personas con carácter violento o drogodependencias, en edificios donde habitan principalmente personas mayores, con la intención de generar un ambiente intimidatorio.
- La contratación de matones. Ver el punto anterior. (2. Matones y desalojos ilegales.)
El mobbing "legal" e institucional.
El uso interesado o directamente fraudulento de diferentes aspectos de la "legalidad" e incluso la invención de una "legalidad" a medida de cada caso, es menos visible, pero es una práctica tanto o más extendida, que por su invisibilidad y también por los costes mismos que supone para unx inquilinx defenderse a nivel judicial, será más efectiva incluso que el acoso físico o arquitectónico. De las diferentes prácticas que señalamos a continuación lo importante no es tanto el evidente fraude o la manipulación de la ley sino su carácter de recurso para ejercer presión psicológica sobre lxs afectadxs, con el fin de desgastar y hacer que sean ellxs mismas quienes abandonen el lugar:
- La declaración de ruina física o económica del edificio. La ruina física es cuando se considera que el edificio está en un estado que lo hace irreformable y supone un peligro para sus habitantes. Y la económica es cuando el precio de la rehabilitación es más de la mitad del valor del edificio. Este fraude se da gracias al trabajo de “maquillaje” en materias urbanísticas, económicas y de edificación, por parte de arquitectos, técnicos y políticos, tanto al servicio de las instituciones como de las empresas privadas. En muchos casos estas prácticas están precedidas por la política de sistemática descatalogación de edificios de carácter histórico. Ante estos casos, ni siquiera tener un contrato de alquiler y estar al día de los pagos es suficiente ya que se declarará extinto el contrato (art. 28 LAU)
- Negativa injustificada a renovar el alquiler. Hay que ser conscientes que otra forma de mobbing legal es la negativa injustificada a renovar el alquiler, con el fin de obtener más beneficios por parte de la propiedad. Eso puede ser porque los alquileres han subido a causa de procesos de gentrificación, porque la propiedad quiere vender todo el edificio, quiere hacer reformas para subir más el precio de alquiler, quiere dedicarlo al alquiler turístico, etc. Todo ello con el único fin de sacar más beneficio. A causa de las reformas de la ley de arrendamientos urbanos los contratos de alquiler deben estar limitados en el tiempo, y los propietarios únicamente tienen la obligación de hacer los contratos de alquiler por un periodo de 5 o 7 años según la última modificación de la LAU. Pasado este periodo, pueden desahuciar a los habitantes avisando con periodo de 4 meses de antelación la primera vez, y con un aviso de un periodo de 1 mes de antelación con las sucesivas prórrogas, sin derecho a indemnización ni realojo. Los plazos de duración mínima de los contratos de alquiler, plazos de aviso y todo ello han ido cambiando con las sucesivas reformas de la LAU.
- Falsos plazos, ofertas económicas a la baja o requerimientos para abandonar la vivienda. Avisar del plazo para abandonar la vivienda, haciendo una interpretación interesada del contrato de alquiler, saltándose o alterando los procesos judiciales o administrativos previos, o el envío de cartas o "emisarios" haciendo ofertas de indemnización o compra a la baja, acompañadas de un tono amenazante, son formas empleadas habitualmente desde las empresas institucionales o de capital mixto responsables de los procesos de expropiación.
- La subida desorbitada del alquiler, la demanda civil por impago de renta, por realquiler o "cesión inconsentida". Una subida espectacular del alquiler o no cobrar intencionadamente la renta, sumado a una demanda por impago, son estrategias y medidas de presión que pretenden provocar un desalojo extrajudicial. Aunque, en general una denuncia o una demanda por sí misma es un elemento de presión. En algunos casos, la contratación de investigadores privados para encontrar argumentos judiciales en los que basar una demanda de desahucio, es una táctica que pasa directamente a violar la intimidad y la propia libertad de movimientos de lxs ocupantes.
- El uso interesado de las normativas municipales sobre obras, licencias, etc. Estrategia de desgaste que utiliza la administración mediante el acoso burocrático. Por un lado, la amenaza de precinto para obstaculizar el funcionamiento de los CSO's y locales independientes de carácter asociativo, aplicándoles de manera interesada la normativa que corresponde a establecimientos de hostelería o de ocio nocturno, forzándoles a cerrar a causa de los distintos expedientes abiertos por la inspección municipal. Todo esto bajo la amenaza de multas desorbitadas. Por otro, la presentación de informes de dudosas inspecciones, sospechosas de no haber sido realizadas, exigiendo a viviendas y CSO's medidas de seguridad o mejoras estructurales inasumibles. En unas ocasiones la administración ha denunciado a la propiedad legal del lugar por la dejadez del espacio, bajo advertencia de grandes sanciones económicas, y en otras más ha concedido licencias al propietario para que intervenga (destruyendo o haciendo obras) sin informar previamente a lxs ocupantes. Además de acelerar o ralentizar los expedientes, extraviar documentación y ocultar información. Pretextos para intentar llevar a cabo un desalojo ilegal.
- Mobbing institucional. Cuando hablamos de asedio institucional nos referimos sobre todo al uso de obras de saneamiento o reforma del espacio público, a la planificación urbanística o los mecanismos administrativos como formas de acoso hacia lxs habitantes de los diferentes barrios:
- La presencia constante de máquinas, de ruidos, de calles abiertas en canal, solares-basurero, vallas y de todo tipo de obstáculos, distorsiona la vida y la convivencia en los barrios, de manera que sobre todo para la gente mayor y para las personas con la movilidad reducida se hace difícil o imposible desplazarse, limitando y las relaciones sociales en la calle. Por otro lado, la prolongación infinita de obras, como en los casos de los mercados municipales, suele provocar el abandono progresivo del pequeño comercio que se ve obligado a vender los inmuebles a bajo precio, en zonas donde en pocos años se dispararán los precios del suelo y de las fincas.
- Cambios en el planteamiento urbanístico. El punto anterior tiene también una relación estrecha con los planes urbanísticos y los procesos de expropiación y turistificación, que son en el fondo estrategias de acoso y desgaste de lxs vecinxs, ya que se señala una fecha de caducidad para la estructura urbanística, los usos y, sobre todo, para las personas. Decisiones político-administrativas que repercuten directamente en la estabilidad vital y la convivencia dentro del espacio público. Mediante intervenciones como la destrucción de infraestructuras de barrio y la construcción de infraestructuras de ciudad, la transformación del trazado histórico de las calles o las expropiaciones sin alternativas que permitan a lxs vecinxs permanecer en su propio barrio, se sustituye a la fuerza la población de un barrio por gente con mayor poder adquisitivo.
Estrategias de defensa frente al mobbing.
En el año 2003 el ayuntamiento de Barcelona, uno de los principales responsables de la violencia inmobiliaria en la ciudad, abrió una oficina contra el mobbing. Para la extinta oficina antimobbing municipal sólo contaban como acoso los casos de sabotajes o amenazas, pero nunca la subida desorbitada del alquiler o amenazas veladas en documentos oficiales. Actualmente el ayuntamiento dispone de un servicio virtual de asesoramiento sobre el acoso inmobiliario, y de las oficinas de vivienda de distrito, supuestos recursos institucionales que en la mayoría de casos ni siquiera son útiles a nivel informativo, y todo y que ha impuesto algunas multas a propietarios, la cantidad de sanciones que ha puesto es ínfima en comparación a las denuncias que recibe.
Principalmente los apoyos para defenderse en los casos de mobbing vienen de las distintas redes e infraestructuras de afinidad en los barrios, desde los CSOs hasta los sindicatos de vivienda, que en ningún caso son espacios de asesoría jurídica y cuentan con escasos medios, pero ofrecen información y respuesta colectiva. Busca, siempre, solidaridad y apoyo en esta situación.
El acoso inmobiliario aparece recogido en el artículo 45.3.c) de la Ley 18/2007 de Derecho a la Vivienda de Cataluña y desde diciembre de 2010 está tipificado como delito de coacciones agravadas (art. 172.1 CP) y como delito contra la integridad moral (art. 173.1 CP), en relación con los artículos 10 y 15 de la Constitución. La entrada en vigor de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda en abril de 2008, permite a los ayuntamientos instruir procedimientos por acoso y discriminación inmobiliaria desde la vía administrativa, ley que se aplicó por primera vez en Barcelona en 2019. Mientras, sigue existiendo un vacío legal respecto al asedio inmobiliario institucional que ejercen impunemente gobiernos municipales, autonómicos y central. Tanto mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como bajo la Ley de Expropiación Forzosa (LEF), se han originado múltiples casos de especulación urbanística.
A la hora de interponer una denuncia por coacciones, amenazas o delito contra la integridad moral (arts. 169-172 y 202 CP) siempre es mejor hacerlo directamente en el Juzgado de Guardia antes que hacerlo en comisaría, ya que al fin y al cabo, las denuncias que se ponen en comisaria deberían terminar siempre en el Juzgado de Guardia, y además así podemos saltarnos el mal trago que supone pasar por la comisaría.
Un escenario muy posible al okupar es que el propietario aparezca para intentar recuperar la casa, y normalmente acostumbra a ser una situación muy tensa debido a los nervios de todas las personas ¡Mantengamos nosotrxs la calma! También es posible que envíe “matones” para que desalojen ilegalmente.
- Si el propietario o su familia pasan por la kasa. Si conoces tus derechos, házselo saber claramente. Puedes colocar la Advertencia Legal afuera en la puerta, y otra dentro para vosotrxs, para poder leerla en todo momento y no tener que confiar en la memoria ante una situación tan tensa. Si decides hablar con la propiedad puedes hacerlo desde dentro del edificio y con amigxs alerta de la situación. A veces los propietarios son dialogantes o quieren hacer tratos, pero en otras ocasiones han sido violentos y han venido con matones o cerrajeros para entrar por la fuerza, y con obreros para derribar partes de la kasa. Es muy importante estar preparadx para esta situación. Debes pensar primero en tu seguridad y la de tus compañerxs y después en cómo resistir en la kasa ante la agresión.
- No recomendamos llamar a la policía, pero es vuestra decisión, en ocasiones ayudan a los matones y aprovechan para desalojarte, pero también conocemos casos en los que han protegido de la violencia del matón. Si tu decisión es llamar a la policía, informa enseguida a la gente de apoyo que has convocado, por su protección.
- Elaborad un plan sobre qué hacer si vienen matones. Ver en anexos Consejos en caso de matones. En Barcelona, algunas okupaciones que tuvieron que enfrentarse a matones consiguieron resistir con apoyo y organización, y continuar con el proyecto adelante (ver el apartado 2. Matones y desalojos ilegales).
En caso de una visita de matones, es importante que toda la gente sepa cuáles son los riesgos, cuál es la táctica y con qué apoyo contáis. Algunas de las cosas que podéis tener a mano para defenderos son: barricadas, cascos y ropa de protección, una lista de alarma, esprais de defensa, botellas en los balcones, palos, rejas en las ventanas y balcones por si intentan entrar escalando, protecciones en puertas y ventanas de la azotea, de patios y terrazas... Las primeras tres cosas a hacer son: avisar a todas las personas que están en la casa, asegurar las barricadas, y llamar a la lista de alarma para que apoyen desde afuera y ayuden a defender el lugar. Desde dentro de la kasa se está en una buena posición para evitar que los matones se acerquen a las entradas. Podéis hacerles saber que tenéis información legal sobre la situación, que sabéis que ellos están cometiendo un delito y que podéis denunciarlo. Sobre todo, si entran en el edificio, intentad mantener la distancia.
Podéis asimismo sacarles fotos, grabar videos, anotar sus descripciones, tipo de coche, matrículas, etc. Esta información es útil si decidís interponer una denuncia en el Juzgado de Guardia contra la inmobiliaria y los matones. O si decidís hacer carteles o hacer difusión sobre lo ocurrido, sobre la actuación de los matones y sobre la empresa que les ha pagado. O si decidís llevar adelante otras acciones, como podría ser hacer una protesta fuera de la empresa en cuestión o de los lugares que frecuenta el propietario, y de esta manera denunciar públicamente sus prácticas de expulsión extrajudiciales. Poneos en contacto con los colectivos que trabajan contra la violencia inmobiliaria.
En todo caso ser conscientes de que si se llama a la policía en el momento en que los matones estén intentando entrar en la vivienda, no han sido pocas las ocasiones en que al llegar ésta, en lugar de intervenir y parar el asedio, se dedican a ayudar a los matones con el desalojo ilegal, colaborando activamente en la comisión del delito de allanamiento de morada, coacciones, etc.
Anexo documentos: